Las personas sin hogar representan la cara más severa de los procesos de exclusión social. Hablamos de personas que son privadas del acceso a un trabajo, a una vivienda y a los recursos económicos necesarios para su sustento. Personas que se enfrentan a la soledad, a la ruptura de sus vínculos sociales y familiares y, en consecuencia, a la pérdida de la verdadera red social imprescindible para la vida.

En España, cerca de 40.000 personas no tienen un lugar al que llamar casa. Es una emergencia social de primer orden, agravada aún más si cabe por los efectos de la pandemia del COVID 19.

El escenario COVID, pone en riesgo la evolución positiva de la recuperación económica, desplazando a los que más difícil tienen el acceso al mercado laboral. Según el estudio Análisis y Perspectivas 2020 “Distancia Social y Derecho al Cuidado” publicado en el mes de junio, La COVID-19 ha anulado el efecto de la recuperación económica en España.

En solo dos meses hemos vuelto a las cifras del peor momento de la Gran Recesión en el 2013. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena y autónomos, la destrucción de empleo alcanza a un 36% de los que estaban trabajando el 1 de marzo, mientras que para aquellos que lo hacían en la economía informal la pérdida de empleo es de un 56,5%.

La ausencia de un hogar o la imposibilidad de mantenerlo impiden el desarrollo de una vida digna. Esto es así porque una vivienda, además de cubrir la necesidad básica de alojamiento, seguridad y protección, proporciona un soporte clave para la creación de un proyecto de vida personal, familiar, social, relacional y de convivencia.

La vida en la calle afecta de manera decisiva a la salud. La esperanza de vida cae una media de 20 años para las personas sin hogar, que se enfrentan además a el odio y el rechazo.
Las personas sin hogar sufren discriminación, insultos, agresiones y, en los casos más graves, incluso violaciones y asesinatos.

La situación de las mujeres sin hogar, es incluso más preocupante ya que se enfrentan a mayores riesgos y formas de violencia.

Más allá de tópicos e ideas preconcebidas no existen unas causas únicas y establecidas para explicar por qué una persona acaba viviendo en la calle. Existen normalmente una serie de situaciones estresantes (muerte de un ser querido, pérdida de un empleo, ruptura sentimental, pérdida de vivienda, etc.) que confluyen en un espacio reducido de tiempo, colocando a la persona afectada en una situación límite que no es fácil de superar.

Se trata de dejar de responsabilizar a estas personas de su situación, que en la mayoría de los casos se debe a una suma de factores estructurales con causas económicas, políticas y sociales, que impiden el acceso a una vivienda digna y un empleo.

La vivienda es el eje que vertebra otros aspectos de la vida, por lo que carecer de ella puede tener graves implicaciones. Un hogar digno al que se acceda en igualdad de condiciones es la base para la inclusión social, especialmente de aquellas personas con mayores dificultades.

Personas extranjeras, solicitantes de asilo, beneficiarias de protección internacional, jóvenes, sin hogar, víctimas de desahucios o mujeres víctimas de violencia son algunas de las personas con las que trabajamos en nuestro día a día. Para ellas y ellos, el acceso a un alojamiento digno en igualdad supone la primera piedra en la construcción de su vida.

En este contexto que la pandemia ha generado, se debe poner en valor el acompañamiento a las personas en situación de sin hogar: los itinerarios, la formación, el desarrollo de la empleabilidad, la orientación laboral y el Desarrollo de competencias, personales y sociales. Todas estas medidas ayudaran a alcanzar la necesaria empleabilidad de estas personas.